Las suma de medidas irreflexivas y falsas premisas a las que nos están exponiendo estos días los dirigentes del Partido Popular han devuelto a la escena pública debates ampliamente superados.

Estoy hablando del enfrentamiento entre la escuela pública y la concertada. Un debate al que nos obliga la derecha, dispuesta a cambiar leyes y a saltarse a la torera criterios pedagógicos con tal de trasladar a las aulas ese concepto mercantilista de la libertad que preside su discurso. Un debate que perjudica enormemente a la escuela pública, que nos hace retroceder a marchas forzadas y desperdiciar los avances logrados durante décadas.

Seguramente a muchos de mis compañeros socialistas no les va a gustar mi posición, pero les aseguro que nace del compromiso absoluto con la escuela pública (la escuela que elegí para mi hija) y de la experiencia de gestión durante años.

Miren, fuimos los socialistas los que establecimos el sistema de conciertos en 1985 en la LODE. Lo hicimos con el pretexto primero de ampliar la libertad de elección de centro que contempla nuestra Constitución y la intención última de acabar con una sociedad estratificada y segmentada en función de la titularidad del centro donde estudian los chicos y chicas.

Quince años más tarde, en Aragón fuimos de nuevo los socialistas, y además fuimos pioneros, los que ampliamos esos conciertos a etapas no obligatorias (segundo ciclo de infantil). Eso nos llevó a liderar los niveles de escolarización a los 3 años, un indicador muy positivo de la salud de nuestro sistema educativo.

Desde entonces, corregimos las perversiones del sistema de escolarización que favorecían la elección de alumno por parte del centro y no la elección de centro por parte de las familias; dotamos de recursos a la escuela pública hasta convertirla en el referente y dignificamos a la concertada para favorecer el reparto equitativo del alumnado entre las dos redes. Logramos minimizar los desequilibrios durante los procesos de escolarización y, desde hace ya varios años, que los colegios más solicitados fuesen los públicos.

En Aragón las diferencias socioeconómicas y de niveles de formación entre las familias de la escuela pública y la concertada son menores que en otras comunidades. También las expectativas respecto al futuro educativo de sus hijos, un factor determinante del éxito escolar, se igualaron entre los padres y madres de ambas redes.

¿Va a lograr el Partido Popular y el Gobierno de Rudi echar por tierra todos esos logros en tan sólo unos meses de desgobierno? Probablemente no, si no le ayudamos. Pero corremos un serio riesgo de acabar matando de amor a la pública. Porque cada vez que ponemos de manifiesto que Rudi, Wert y compañía desprecian la educación pública, restamos credibilidad a los esfuerzos que profesores y familias de estos centros realizan a diario para demostrar su excelente calidad.

Es evidente que para la derecha más conservadora de Europa, que es la que está gobernando Aragón y España en estos momentos, la eficiencia se mide en términos de mercado y la libertad, de privilegios. Su defensa es la del derecho a hacer lo que yo quiero porque yo puedo. La nuestra es, y debe seguir siendo, la defensa del derecho de todos a poder hacer.

Es verdad que Rudi ha recortado presupuesto para la educación pública, que Wert quiere modificar la educación obligatoria para concertar el bachillerato, que los rankings de colegios que promueve el PP en Aragón no tratan de favorecer a la escuela pública. Pero no será suficiente para acabar con ella, porque sus fortalezas son mucho mayores.

Defendamos la escuela y la sanidad pública, los servicios sociales, la equidad y la justicia, como siempre hemos hecho, con inteligencia. No le hagamos el trabajo sucio a la derecha porque perdemos todos.

Eva Almunia